Derecho penal

Martínez Plazas & Gualda Gómez dispone de un sólido equipo de abogados penalistas, especializados tanto en el asesoramiento como en la defensa legal corporativa y de los particulares.

Dada la creciente implicación del orden penal en la realidad social, el Departamento de Derecho Penal se ha especializado en aquellos asuntos que, integrados en este ámbito, responden a una mayor incidencia social, como son los procedimientos penales por accidentes de tráfico, lesiones, amenazas, injurias, calumnias, etc.

Dentro de esta área están englobados los siguientes servicios:

  • Expedientes sancionadores.
  • Reclamaciones económico-administrativas.
  • Recursos contenciosos.
  • Representación y asistencia a juicios ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Reclamaciones patrimoniales por funcionamiento anormal de los servicios públicos.
  • Expropiaciones.
  • Asesoramiento en determinados sectores (derecho administrativo, del consumidor, farmacéutico, así como en materia de costas y litoral); estudio de normas, procedimientos, concesiones administrativas, licencias, autorizaciones y requisitos administrativos especiales.
  • Contratación pública. Ayudas y subvenciones administrativas.
    Evacuación de todo tipo de dictámenes e informes de Derecho administrativo.
  • Dirección letrada de todo tipo de procedimientos y recursos, tanto en vía administrativa como en vía contencioso-administrativa.
  • Responsabilidad patrimonial de la
  • Administración por accidentes o caídas en la vía pública.

Asesoramiento penal a los particulares en los siguientes ámbitos:

Defensa legal ante los tribunales

Martínez Plazas & Gualda Gómez garantiza la defensa de los intereses del cliente en procesos penales, como acusación o defensa, por eventuales delitos, en cualquiera de las fases del proceso penal (instrucción, juicio oral, apelación, casación, etc.) y ante cualquier órgano jurisdiccional (juzgados de instrucción, juzgados de lo penal, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional).

  • Elaboración y presentación de denuncias.
  • Reclamación y negociación extrajudicial de indemnizaciones por responsabilidad civil derivada de presuntos delitos o faltas.
  • Elaboración e interposición de querellas criminales o denuncias complejas.
  • Asistencia a detenidos y comparecencia en dependencias policiales o judiciales para la práctica de diligencias.
  • Celebración de juicios de faltas y tramitación procesal, verbal o escrita, en fase de instrucción o de juicio oral, de procedimientos penales sumarios o abreviados, de cualquier índole o naturaleza, y ante cualesquiera juzgados o tribunales.
  • Tramitación de recursos de reforma, apelación, casación, revisión, súplica, queja y cualesquiera otros de orden penal, bien formalizando, bien impugnando.
  • Derecho penitenciario y libertad condicional, de suspensión o remisión de condenas, indultos, de cancelación de antecedentes penales y supuestos análogos.
  • Actuaciones de ejecución de condenas.
  • Penal económico.
  • Delitos contra la salud pública.
  • Alcoholemias.
  • Negligencias.

Asesoramiento penal a la empresa en los siguientes ámbitos:

Defensa legal ante los tribunales

Martínez Plazas & Gualda Gómez se encarga de la defensa legal de la empresa y de sus directivos, representantes y empleados en cualquiera de las fases del proceso penal (instrucción, juicio oral, apelación, casación, etc.) y ante cualquier órgano jurisdiccional (juzgados de instrucción, juzgados de lo penal, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional).

Defensa legal ante investigaciones desarrolladas por el Ministerio Fiscal

El asesoramiento frente a las investigaciones del Ministerio Fiscal se desarrolla fundamentalmente frente a la Fiscalía de Delitos Económicos, la de Medio Ambiente, la de Siniestralidad Laboral y Anticorrupción.

Investigaciones internas y persecución del fraude corporativo

Mediante la articulación del trabajo integrado de equipos multidisciplinares (auditores, investigadores forenses, expertos laboralistas, fiscalistas, etc.), se pretende el descubrimiento de las conductas desleales y la recuperación de los activos y del patrimonio societario expropiados.